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Desde inicios de febrero, la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá cuenta con un nuevo huésped.

Se trata del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien se refugió en la sede diplomática tras recibir asilo del gobierno nicaragüense una vez que fue condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales.

El exmandatario alegó ser un perseguido político y denunció un supuesto plan desde el gobierno de Panamá para asesinarlo y evitar así su vuelta al poder tras las elecciones del próximo 5 de mayo.

Pese a que encuestas lo perfilaban como probable ganador, el Tribunal Electoral de Panamá ya anunció que la sentencia “está en proceso de quedar ejecutoriada” y que en ese momento su candidatura presidencial será oficialmente inhabilitada.

El actual mandatario del país, Laurentino Cortizo, negó rotundamente la acusación de Martinelli.

El asilo otorgado por Nicaragua comenzó así a tensar las relaciones diplomáticas entre el ejecutivo de Daniel Ortega y el panameño, que se enzarzaron en un cruce de declaraciones.

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La Cancillería nicaragüense anunció su decisión de otorgar asilo a Martinelli el pasado 7 de febrero y solicitó a Panamá un salvoconducto para que el expresidente pudiera viajar a Managua a refugiarse.

Sin embargo, el gobierno panameño rechazó su petición dos días después al considerar que la situación jurídica de Martinelli tras ser condenado en firme impide que pueda acogerse a un asilo de este tipo.

El ejecutivo de Cortizo advirtió de "consecuencias diplomáticas" si Martinelli —quien criticó abiertamente al gobierno de su país en entrevistas concedidas desde su refugio— utiliza la embajada nicaragüense para realizar acciones o declaraciones que impacten en la política doméstica panameña, ya que serían consideradas "una injerencia en los asuntos internos" del país.

Nicaragua respondió entonces que el asilo político "debe ser respetado como un derecho humanitario", por lo que Panamá debe asumir las convenciones internacionales sobre esta figura y permitir la salida de Martinelli.

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Sin embargo, esta no es la primera vez que Managua se ofrece a recibir y proteger a extranjeros que tienen cuentas pendientes con la justicia.

Dos de los ejemplos más recientes y conocidos son los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, acusados de corrupción en su país y que se establecieron en Nicaragua desde hace años.

Pero ¿por qué el país centroamericano se convirtió en un refugio para políticos prófugos de la justicia y qué hay detrás de esta política del gobierno de Ortega?

El de Martinelli es solo el caso más reciente de una larga tradición por parte de Nicaragua de ofrecer refugio a extranjeros perseguidos por la justicia de sus países.

Durante el gobierno de Anastasio Somoza fueron miles los nicaragüenses opositores que se vieron obligados al exilio. Pero tras el triunfo de la Revolución sandinista en 1979, el país se transformó en todo lo contrario y comenzó a acoger a dirigentes políticos de otras nacionalidades.

"Por razones de solidaridad y simpatía ideológica, Nicaragua se convierte entonces en algo como la segunda Cuba de América Latina”, compara el historiador nicaragüense Mateo Jarquín.

"El gobierno sandinista recibió a muchísimas personas de movimientos de izquierda que no podían regresar a sus países, y pasa a ser como un santuario para la izquierda latinoamericana”, le dice a BBC Mundo el académico, quien en abril publicará un libro sobre esta época de la historia nicaragüense.

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Muchas de aquellas personas refugiadas participaron de hecho en la construcción de ese “proyecto revolucionario” inicial trabajando en el gobierno nicaragüense o entrenando a la policía, por ejemplo.

Después, durante sus décadas al frente del gobierno, Ortega acogió desde guerrilleros del grupo argentino Montoneros hasta miembros de las FARC colombianas y de la organización vasca ETA.

En la década de los 80, también estuvo refugiado en Nicaragua el narco colombiano Pablo Escobar y el italiano Alessio Casimirri, condenado por el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro y que vive en el país centroamericano desde entonces.

Y más recientemente ofreció refugio y nacionalidad a los expresidentes salvadoreños Funes y Sánchez Cerén.

Sin embargo, algunos de los políticos acogidos en los últimos años por Ortega se alejan notablemente del perfil izquierdista que tenían los refugiados que tradicionalmente llegaron a Nicaragua.

Es el caso de dos funcionarios cercanos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente juzgado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. O el último hasta el momento: el conservador expresidente panameño Martinelli.

“Los dirigentes políticos de las derechas latinoamericanos suelen buscar otros países más cercanos a su espectro ideológico. El caso de Martinelli es algo sui géneris”, subraya Adalberto Santana, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en exilios latinoamericanos.

“En su caso, es probable que no quiera estar alejado de la región. Además, en Nicaragua puede tener la protección de un régimen que no va a poder recibir fuertes presiones por parte del actual gobierno de Panamá”, opina en entrevista con BBC Mundo.

Para el historiador Jarquín, la variedad de pensamientos de estos refugiados “demuestra cómo ha cambiado el sandinismo en cuanto a su mutación ideológica y lo superficiales e irrelevantes que son hoy en día las divisiones de ‘izquierda y derecha’ en Centroamérica”.

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Sobre los motivos detrás de esta apertura de Ortega para acoger a dirigentes extranjeros, Jarquín opina que el presidente persigue “congraciarse con todos los sectores de la élite política centroamericana, lo que es muy importante para la estabilidad de su gobierno y para una eventual sucesión dinástica”.

“Lo que quiere Ortega es quedar bien con todo el mundo para su futuro y por el acceso que tiene su gobierno al sistema centroamericano, que a la vez es una vía importante de financiamiento para el régimen [a través del Banco de Centroamericano de Integración Económica (BCIE)].

Por su parte, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields asegura que “estas personas refugiadas tienen capital político y conexiones dentro y fuera de sus países, lo que sería útil para Ortega y para abrirle puertas que se le han cerrado”.

"También quiere garantizarse opciones para su futuro y el de su familia, por si llega el momento en que puedan necesitar asilo por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido (…). Realmente, son fichas que él podría usar para obtener beneficio”, dice el exdiplomático que en 2022 denunció desde su puesto lo que considera como "dictadura" en el país centroamericano y pidió la liberación de los opositores presos.

El hecho de que Nicaragua no permita la extradición de sus ciudadanos es otra de las claves por las que el país resulta de interés para estas personas, quienes tras lograr el asilo político suelen recibir la nacionalidad nicaragüense para evitar su expulsión a otros Estados donde serían juzgados o deberían cumplir su pena.

El diario Confidencial publicó en 2023 que el gobierno de Nicaragua había concedido la nacionalidad en los dos años anteriores a 130 extranjeros, entre los que se encontraban prófugos de la justicia, acusados por corrupción y aliados políticos de Ortega.

Varios de esos procesos se hicieron "incumpliendo las leyes migratorias", denunció el artículo.

Frente a esa política de apertura hacia los extranjeros, el medio nicaragüense cuestionó la paradoja de que el mismo presidente despojara de su nacionalidad y convirtiera en apátridas el año pasado a más de 300 nicaragüenses críticos con el gobierno, entre los que había escritores, periodistas, políticos o líderes sociales.

BBC Mundo solicitó una entrevista con el Ministerio de Interior nicaragüense, del que depende la Dirección General de Migración y Extranjería, para conocer más detalles sobre estos procesos de concesión de asilo y nacionalidad, pero no obtuvo respuesta.

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Pero la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, defendió la nacionalización de estas personas y atacó nuevamente a los nicaragüenses apátridas y obligados al exilio.

"Hay hermanos de otros países que han defendido al pueblo y que hoy son familia nicaragüense. Y nosotros orgullosos de que tantos hermanos del mundo quieran ser parte de esta familia (…)"

"Las personas que le han faltado a Nicaragua están fuera por gracia de Dios, porque ellos mismos se han ido y porque también el pueblo ha decidido que no pertenecen a la familia de este país", dijo Murillo el pasado agosto.

Tanto McFields como Félix Maradiaga, politólogo y precandidato a las elecciones presidenciales de 2021, son parte del grupo de nicaragüenses a quienes se despojó de su nacionalidad.

Desde el obligado exilio, critican con indignación el "doble rasero" del gobierno a la hora de otorgar o retirar la ciudadanía del país.

"Es un acto de doble moral que despoje de la nacionalidad a personalidades destacadas y decentes, y que a la vez ofrezca refugio y hasta nacionalidad a personas con historiales criminales comprobados", cuestiona Maradiaga, académico y exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua.

"Duele cuando este gobierno habla de derechos humanos, porque muchas personas están muriendo fuera de Nicaragua en el destierro sin poder ver su patria ni despedirse de sus familiares", coincide McFields.

"Nosotros, que somos nicaragüenses y no hemos cometido delitos, no podemos regresar. Y a uno que sí los ha cometido, lo invita a Nicaragua y lo protege. Es un acto cruel", concluye.

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